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Cuando en noviembre de 2002 la Mesa General de la
Administración General del Estado (AGE) firmó un acuerdo, sólo algunos -como
STAPV-Intersindical Valenciana- alertaron de los peligros que subyacían a un
texto presentado por los firmantes -UGT, CCOO y CSI-CSIF- como un acuerdo
histórico.
Ciertamente lo era: a cambio del 20% del importe mensual del
complemento de destino en las pagas extras de 2003 y un 40% en las de 2004, se
preveía la implantación de la jornada partida en la Administración del
Estado, lo que supone trabajar cuatro tardes a la semana sin que se rebajara ni
un solo minuto de la jornada semanal.
A pesar de tratarse de un documento muy extenso, casi todo lo
que se decía eran declaraciones de intenciones: que si se estudiará ésto, que
si haremos aquello... curiosamente (o no) como ahora, con el nuevo acuerdo de 25
de febrero de 2004.
Por ejemplo, se habló de la reserva de presupuesto para la
implantación de guarderías en los centros de trabajo de la AEAT. ¿Alguien ha
notado algo? Después de dos años, ¿cuántas guarderías se han montado o
ampliado? Si alguien sabe algo, por favor, que nos lo comunique.
Otro ejemplo es el Plan de Pensiones. Con una
"magnífica" aportación de la Administración que no llega ni a 100
euros al año por persona, los gestores del PP han vendido poco menos que humo.
Eso sí, avalado por algunos sindicatos que debieran estar más atentos al
ataque al sistema público de pensiones que medidas como ésta representa.
Por último, el aumento retributivo, aunque bueno en cuanto
suponía romper el tabú de las pagas extras, no permitía ni siquiera mantener
en 2003 el poder adquisitivo de 2002 (bastante maltratado ya, por cierto).
Un acuerdo tomado a espaldas de los trabajadores de la AEAT
Se alcanzó un preacuerdo en la Mesa General el dia 7 de
noviembre; a penas seis días más tarde, se ratificaba por los sindicatos
mayoritarios. La rúbrica del preacuerdo era la ocasión perfecta para que los
sindicatos firmantes confiaran en el personal que dicen representar y que
legalmente representan. ¿Por qué no promovieron en los centros de trabajo un
proceso de consulta, una ronda de asambleas o, incluso, un referéndum?
Desgraciadamente, el método escogido fue otro: las
direcciones de los sindicatos firmantes decidieron por todas y todos los
trabajadores de la Administración del Estado, incluídos los de la AEAT.
El modelo sindical que representa STAPV-Intersindical
Valenciana propugna la consulta a las trabajadoras y trabajadores de todos
aquellos asuntos que les afecten directamente. El caso de los acuerdos en una
Mesa General, cuando afecta a algo tan importante como la jornada de trabajo,
entra de lleno entre los asuntos a consultar.
¿Se ha olvidado ya el rechazo de la inmensa mayoría de los
empleados de la AEAT al pésimo acuerdo de la Mesa General? Seguramente las
trabajadoras y trabajadores no: se manifestaron claramente en contra en las
manifestaciones, las concentraciones y los paros parciales convocados en contra
del Acuerdo. Los sindicatos mayoritarios, en cambio, parecen autistas a las
opiniones de sus representados: han seguido negociando el desarrollo del Acuerdo
(acuerdo sobre el Plan de Pensiones, por ejemplo), sin replantearse su
contenido, a pesar de la abrumadora opinión en contra del personal.
El acuerdo de la AEAT, consecuencia del de noviembre de 2002
El nuevo acuerdo alcanzado en la Mesa de negociación de la
AEAT el 25 de febrero de 2004 supone en realidad un desarrollo del Acuerdo de
noviembre de 2002. Entre los aspectos que desarrolla podemos citar como más
destacados la futura negociación de las Relaciones de Puestos de trabajo (RPTs)
de la Agencia Tributaria, la mobilidad funcional (entre departamentos o
dependencias) y territorial (que puede ser incluso provincial), así como el
horario de trabajo y la nueva productividad.
Como se puede comprobar, vuelven a coincidir los mismos
asuntos: mobilidad funcional y geográfica, horario de mañana y tarde o
partida, etc.
Las RPTs son un instrumento, nunca desarrollado en la AEAT a
pesar de tener obligación de hacerlo desde 1984, sirve para definir los puestos
de trabajo existentes, uno a uno y no por cuerpos o escalas, destinados en los
respectivos centros de trabajo. Por tanto, puede ser utilizado para mover
personal de un centro a otro, así como para crear o suprimir centros de trabajo
de la Agencia.
Hablar de la nueva productividad puede ser interesante, pero
el acuerdo no dice en qué términos se negociará, de forma que queda abierto a
cualquier posibilidad... incluída su supresión.
Por último, negociar la implantación de la jornada partida
sólo puede significar una cosa: que se implante ésta en los centros de la
AEAT, a lo que nos oponemos radiclamente. No sirve de nada que nos digan que lo
haran más o menos progresivamente: es una medida contra la que hay que
reaccionar.
Como se puede comprobar, el presente acuerdo tiene mucho que
ver con el de 2002.
Un acuerdo al servicio de los intereses del Gobierno
Pero, además de lo anterior, también hay que destacar que
los sindicatos que no firmaron el acuerdo (CIG, ELA, UGT) han denunciado
presiones extrañas por parte de la dirección de la Agencia que daban a
entender la existencia de un trasfondo oculto: el objetivo real podía ser
proceder al cierre de administraciones y la implantación a medio plazo de la
jornada partida. Además, algunos sindicatos como CIG ha explicado su retirada
en las formas que emplearon los representantes del Gobierno en la negociación:
convocatorias de reuniones en fechas y horas inconcretas, negación de datos que
en otras mesas si se daban, etc. Una historia para no dormir.
El ya ex-Director General de la AEAT, el sr. Gallud, ha
decidido no ratificar el Acuerdo, habida cuenta del vuelco electoral. En
consecuencia, el aumento retributivo previsto para el mes de abril se ha
suspendido sine die, hasta que el nuevo gobierno decida al respecto.
Desde STAPV-Intersindical Valenciana esperamos que se
propicie un nuevo proceso negociador con propuesta de mejora real de las
condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la AEAT.
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